Todas las personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar con el Estado contratos de obras, consultorías, compraventa de bienes inmuebles y otros, deben realizar su inscripción en el Registro Único de Proponentes. Este servicio que ofrece la Cámara otorga un documento que certifica la capacidad técnica y económica que poseen los contratistas, permite simplificar los trámites y recopilar información importante que se constituye en una garantía para el Estado.